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Citaciones y detenidos en control de libadores

Un total de 10 citaciones se registraron el fin de semana durante los controles de consumo y comercialización de bebidas alcohólicas en espacios públicos, en cumplimiento de la ordenanza vigente.

Los operativos coordinados entre la Policía, Guardia Ciudadana e Intendencia de Policía, contaron con la participación de 100 uniformados que recorrieron las avenidas Remigio Crespo, Doce de Abril y la Calle Larga.

Según indicó el intendente de Policía del Azuay, Edison Moscoso, durante los operativos se registraron dos detenciones por escándalo público en el sector de La Concordia. El comandante de la Guardia Ciudadana, Guillermo Cobo, informó que los detenidos intentaron agredir al personal que realizaba los controles.

Durante los operativos se clausuraron además tres locales de venta de licores, el primero ubicado en la Calle Larga a la altura de la plaza de La Merced, otro en el sector El Vado y un último local en los alrededores de la pista de bicicrós de la avenida Remigio Crespo. Según la Intendencia de Policía en dichos sitios se expendía bebidas alcohólicas sin el debido permiso.

Las autoridades aseguraron que los controles serán continuos y contarán con la presencia de personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. El intendente, Edison Moscoso, añadió que se reforzarán las acciones en los feriados de Navidad y fin de año.

 

Ordenanza

Guillermo Cobo, comandante de la Guardia Ciudadana, indicó que la multa para quienes consumen bebidas alcohólicas en los espacios públicos de la ciudad es de 170 dólares, en tanto que la sanción para quienes vendan o incluso entreguen gratuitamente licor es de 340 dólares.

Las autoridades indicaron que los contraventores serán juzgados y sancionados por los comisarios municipales, y tendrán un plazo máximo de cinco días para apelar la sanción. Cabe resaltar que el accionar de la Policía y la Guardia Ciudadana, con respecto a la ordenanza, queda documentado con fotografías y videos.

El pago de la sanción debe ser cancelado por el infractor en el plazo de 30 días. En caso de que no se cancele el Municipio abrirá un proceso para que el cobro se efectúe a través del pago de los impuestos prediales y tarifas de los servicios municipales.

Fuente: Diario El Tiempo