Falta de acceso laboral ante la discapacidad.

Las personas con discapacidad están en desventaja en el mercado laboral. La falta de acceso a educación a recursos financieros puede ser la causa de su exclusión del mercado laboral.

Los últimos datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades indican que en Azuay hay 30.288 personas con discapacidad de una población de 881.394 habitantes, según la proyección 2010-2020 del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Es decir, el 3,43 por ciento de la población de la provincia tiene un grado de discapacidad.

El científico inglés Stephen Hawking decía que la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito, sin embargo, él tenía acceso médico de primera clase, gozaba de un equipo de asistentes personales y su casa había sido adaptada para que resulte muy accesible.

Hawking fue consciente toda su vida de la suerte que tuvo: “está claro que la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o para realizarse”.

Pero este no es el caso de Patricia Ramón, una joven diagnosticada con artrogriposis múltiple congénita, un síndrome que no permite el desarrollo normal de los miembros inferiores y superiores.

A pesar de tener estudios superiores, una licenciatura y dos maestrías, Patricia no puede acceder al mercado laboral por su discapacidad: “me dan cita para la entrevista de trabajo y cuando me ven me dicen que el puesto ya está ocupado; o me preguntan si podré dar clases en mi condición, me miran con pena y luego me rechazan”.

Para ella, la estructura social la discapacita, le pone barreras y le dificulta, entre otras cosas, el acceso al trabajo porque no se cumple con lo que reza el Art. 50 de la Ley Orgánica de Discapacidades: ” Las instituciones públicas y privadas están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las personas con discapacidad, procurando la equidad de género y diversidad de discapacidad”.

Esta ley también obliga a las empresas públicas y privadas, que cuenten con un mínimo de 25 trabajadores, a contratar un mínimo de cuatro por ciento de personas con discapacidad.

Una persona con discapacidad puede realizar casi cualquier trabajo y, en un ambiente apropiado, la mayoría de estas personas pueden ser productivas, destaca la socióloga María López.

Pero, como se documenta en varios estudios realizados en países tanto desarrollados como en desarrollo, las personas con discapacidad en edad de trabajar registran tasas de empleo considerablemente menores y tasas de desempleo muchísimo más altas que las personas sin discapacidad.

Según los datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en Azuay trabajan 4.335 personas con discapacidad y hay 220 sustitutos de personas con discapacidad incluidos laboralmente.

El Informe Mundial de la Discapacidad recoge que la tasa de ocupación varía considerablemente según la discapacidad que tengan las personas; aquellas con condiciones de salud mental o deficiencias intelectuales registran de ocupación más bajas.

Las personas con discapacidad pueden necesitar flexibilidad de horario y en otros aspectos de su trabajo: precisan tiempo suficiente para prepararse para ir a trabajar, desplazarse desde y hacia el lugar de trabajo, y ocuparse de su situación de salud.

“Por eso, puede resultarles interesante el trabajo a tiempo parcial, que a veces permite esa flexibilidad. Sin embargo, esos empleos ofrecen sueldos más bajos y menos prestaciones”, sostiene Antonio Pauta, joven con discapacidad visual.

Las personas con discapacidad están en desventaja en el mercado laboral. La falta de acceso a educación y capacitación o a recursos financieros puede ser la causa de su exclusión del mercado laboral.

FUENTE: EL TIEMPO