Aporte ciudadano, virtual fuente para cubrir excesos económicos en Ecuador
Tres reformas estructurales llegarían hoy a la Asamblea luego de que hasta ayer, el equipo económico presentara al presidente Lenín Moreno las opciones, que se han manejado con reserva. Al filo del plazo con el FMI y para cumplir los tiempos de elaboración del presupuesto, el régimen de Moreno presentará las reformas tributaria, laboral y monetaria.
Las reformas se presentan en medio del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pide más orden en las finanzas públicas, y un Gobierno que no ha logrado bajar el gasto, por lo que sigue acudiendo al endeudamiento. Asimismo, el país vive un deterioro de los índices laborales, que a junio del 2019 ubica el empleo pleno en 37,9%.
Las propuestas que deben ser aprobadas en una fragmentada Asamblea apuntan, según el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, el viernes pasado, a un ajuste más profundo (reducción del gasto e incremento de ingresos). El alto funcionario ha pedido la comprensión ciudadana y ha hablado de “un sacrificio mayor”.
De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el pedido de Sonnenholzner se refiere a que luego de los excesos del país “es la ciudadanía quien termina pagando”. Explica que si la corrección va vía reducción de gasto público, habrá gente que pierda empleo, y vía impuestos, la gente va a tener que pagar más.
El aporte ciudadano será la herramienta para cubrir el déficit. Para Acosta, la lección a aprender es que “en la próxima bonanza se debe manejar la economía con prudencia”.
El incremento del IVA sería un elemento clave para incrementar la recaudación tributaria en 1,5%, como lo estipula el acuerdo con el FMI.
Por su parte, Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, calcula que las reformas llegarían en un solo paquete y que, por tanto, debería ser tratado por la Comisión de Régimen Económico. Asegura que desde su curul trabajará para que se incorpore el trabajo por horas. Aseguró que hay cinco millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. Consideró que dentro de la Asamblea hay muchos bloques que están dispuestos a debatir el tema de la reforma laboral y así darle al empresario facilidades para que contrate.
Aclaró que el sector privado es el que mayor número de trabajos genera. De acuerdo con el INEC, en junio del 2018 el empleo privado llegaba al 82,6% mientras que el público era del 17,4%. Un año después, en junio del 2019, el empleo público ha bajado levemente (16,7%) y el privado subió al 83,3%.
Entre tanto, el catedrático Santiago García asegura que se ha perdido mucho tiempo en la toma de decisiones. Lamentó que no haya habido una propuesta base sobre la cual poder debatir y por ello no hay un resultado de los diálogos.
Además, considera que la Asamblea no ha estado a la altura del momento económico y político que vive el país. Para García, lo que se puede esperar de las reformas es prácticamente un reflejo de los acuerdos que constan en la Carta de Intención. Advirtió que no habría los votos en la Asamblea y que el Gobierno trataría de aprobar el tema vía veto o por el ministerio de la ley, lo cual le quitaría legitimidad.
El FMI es partidario de dar prioridad a impuestos indirectos
La Carta de Intención con el FMI y las declaraciones previas que han hecho algunos funcionarios de Estado mencionan que la reforma tributaria tendrá como objetivos simplificar el sistema tributario, pero también ampliar la base impositiva, así como eliminar ciertas exenciones tributarias.
La ampliación de la base llevaría a cobrar impuestos desde pisos más bajos, así como reducir deducciones.
Además, el FMI se ha mostrado partidario de “rebalancear el sistema impositivo” buscando que haya “mayor tributación indirecta antes que directa”. Entre los impuestos indirectos constan, por ejemplo, el IVA. En el panorama tributario, el Acuerdo también habla de eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes como el impuesto a la salida de divisas (ISD).
El compromiso del Ecuador contempla una reforma que apuntará a un aumento en los ingresos de entre 1,5% y 2% del PIB para 2021. Se trata de la reforma más polémica y que desde ya se ha advertido que no cuenta con los votos necesarios.
Tres reformas de consenso son base para generar más empleos
En mayo pasado, en el seno del Consejo de Trabajo y Salarios se anunciaron tres consensos a lo interno del sector empleador y el de los trabajadores. Estos eran: la creación de jornadas laborales más flexibles, la eliminación de pagos de 35% extra en contratos ocasionales o por eventos y un contrato de emprendimiento o inversión. Este duraría al menos tres años y podría ser terminado sin generar los costos de despido que el contrato fijo.
Estos acuerdos serían la base para la discusión de la reforma laboral, que según la Carta de Intención del FMI debe apuntar a reducir la informalidad –particularmente de mujeres y de trabajadores jóvenes– e incrementar la predisposición de los emprendedores y las empresas para contratar trabajadores y crecer.
La Carta dice que es necesario adaptarse a las condiciones del mercado retirando restricciones que resultan en menores oportunidades para quienes no tienen empleo.
El ministro de Trabajo, Andrés Madero, ha descartado que las reformas signifiquen precarización o afectación de derechos laborales.
Independencia, recapitalización y más Reservas para el BCE
Desde varias aristas y entes financieros y monetarios se han generado las propuestas de reforma para el Código Monetario y Financiero. El BCE, la Superintendencia de Bancos y la de Economía Popular y Solidaria, así como la propia Junta de Regulación, trabajaron el tema. El Ministerio de Finanzas también ha propuesto normativas a fin de terminar la discrecionalidad en el Presupuesto.
En la Carta de Intención consta la presentación ante la Asamblea, a finales de septiembre, de las enmiendas al marco legal del Banco Central para introducir acuerdos de gobernanza autónoma, permitir la recapitalización progresiva del Banco Central, introducir una regla de cobertura de reservas que incluya un calendario para cubrir pasivos específicos del Banco Central.
La gerenta del BCE, Verónica Artola, ha indicado que se deberán cancelar tanto los préstamos de liquidez del Ministerio, de la banca pública e incluso se ha planteado la recompra de acciones de la banca pública, que sirvieron para pagar parte de la deuda en 2017, ya en este Gobierno.
Fuente: Diario El Universo
MV