Ley castiga los daños al Patrimonio Arquitectónico.
Piden máximo rigor para propietario que derruyó inmueble. Existen penas de prisión y restitución de lo dañado pero hasta ahora no se han aplicado.
Dañar, deteriorar, destruir total o parcialmente bienes del patrimonio cultural, considerados por la ley nacional o instrumentos internacionales, sin importar los derechos de propiedad sobre ellos, como ocurrió hace pocos días con la antigua casa de la calle Hermano Miguel y Sucre, está sancionado con cárcel.
El actual Código Penal, por su artículo 237, castiga con prisión de hasta tres años a quien incurra en este delito, tanto a quien lo cometa como al funcionario que lo autorice o permita. La anterior Ley de Patrimonio Cultural, del año 2004 ya prescribía la pena de un año de prisión para quien afecte el patrimonio pero no se ha llegado a imponer este tipo de sanciones.
Gustavo Lloret, arquitecto restaurador, lamenta el daño causado por el último propietario de la vivienda mencionada y estima que debería hacerse efectiva la norma legal para que sirva de ejemplo y evitar a futuro hechos como estos.
Opina también que para ello la administración municipal debe trabajar en que los ciudadanos se empoderen y cuiden sus inmuebles patrimoniales.
Falta conciencia en los ciudadanos sobre el valor de lo que tienen, pero también hay faltas en la Municipalidad: por ejemplo, han pasado diez años sin que se haya aprobado el Plan de Manejo del Centro Histórico donde se consideran todos estos puntos: culturización, tipos de intervención que se pueden permitir, etcétera.
También, la Dirección de Áreas Históricas debe coordinar su acción con la Fiscalía y la Justicia a fin de actuar en forma oportuna para detener los daños antes de que se consumen. Ya hubo experiencias en el pasado reciente como la destrucción de la Villa Roselena, en la avenida Solano, donde hoy se levanta un hotel.
Conservar una casa patrimonial en buen estado, dar un mantenimiento periódico no es tan oneroso, aunque sí lo es la restauración. Pero para todo esto falta definir políticas.
Andrés Ugalde, concejal de Cuenca, precisa que no hay excusas para afectar al patrimonio de la ciudad, próxima a cumplir 20 años como ciudad patrimonial de la humanidad.
En el caso puntual deberá actuar la ley. A futuro, cree necesario revisar el inventario de bienes patrimoniales y, de ser posible, volver los bienes más útiles en apoyo de los propietarios para su restauración, pero tampoco permitir que se obre sobre hechos consumados, cuando, aparentemente, ya no hay nada que hacer.
Felipe Manosalvas, director de Áreas Históricas de la Municipalidad, señaló que, de acuerdo con la ficha catastral de la vivienda, el primer registro data del año 1901 y el último cambio de dueño fue en junio pasado.
Hay más investigaciones en curso que servirán para aportar al expediente abierto en la Fiscalía Penal. Además, los técnicos de la Dirección han recibido la orden de preparar estudios para exigir la reconstrucción del inmueble, con los mismos materiales. Para ello se dispone de los planos y de fotografías de su estado original.
El inmueble permanece con la puerta de madera colocada súbitamente el sábado y llama la atención que también el cambio de medidor de agua sea reciente. (AVB)-(I)
Informe preciso.- Las leyes para protección de los inmuebles patrimoniales existen pero necesitan fortalecerse con información municipal precisa.
Hay un antecedente de años anteriores: Hubo una casa patrimonial del centro de Paute que fue, así mismo, derrocada y se inició un proceso de indagación penal en la Fiscalía, recuerda el exfiscal del Azuay, Lizandro Martínez.
La casa estaba inventariada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Hasta que ejerció el cargo quedó abierta la instrucción penal por el delito. Luego los investigados fueron sobreseídos. Al parecer una falla técnica impidió la sanción: no se había emitido el título de bien patrimonial. (I)
Hay conexión de infracciones.- La Policía Nacional no necesita orden de allanamiento para intervenir el momento mismo que se esté derrocando un inmueble patrimonial por cuanto se trataría de un delito flagrante, explica el exfiscal Lizandro Martínez.
Añade además que, en estos casos, es clave el trabajo de las autoridades responsables del patrimonio, quienes deben determinar, con anterioridad, todos los inmuebles de carácter patrimonial.
Para el caso, inclusive hay una conexión de infracciones como la rotura de sellos de clausura, ya que la intervención en el inmueble fue clausurada al menos en dos ocasiones.
La obra tenía cuatro sellos de prohibición, tanto de la Dirección de Áreas Históricas como de la Comisaría Municipal, emitidos desde el 16 de agosto pasado, los cuales fueron ignorados.
Las obras continuaron hasta no dejar nada de la centenaria casa, ni un adobe, incluso con el empleo de maquinaria pesada como los llamados “bobcats”.
FUENTE: EL MERCURIO
R.A