Correos delatan la manipulación del correísmo en los juicios del 30-S.

Los correos de Pamela Martínez y de Laura Terán, procesadas por el caso Sobornos, muestran cómo los juicios derivados de la protesta del 30-S fueron manipulados desde una oficina externa de la Presidencia de la República, que funcionaba en el norte de Quito. Según documentos judicializados, desde ese lugar se instruía a funcionarios correístas para que se presentaran ante fiscales, secretarios, funcionarios del Consejo de la Judicatura, jueces desde primer nivel y magistrados de la Corte Nacional. Así seguían de cerca los procesos para garantizar sentencias a favor de ellos. Esto ocurrió en al menos 21 casos. En este esquema de presión y control, Martínez ejercía un rol de coordinadora. Debajo de ella había abogados que se encargaban de hablar con los operadores de justicia. Todos los movimientos fueron informados a través de correos.

En una comunicación del 10 de julio del 2012, uno de los abogados le informa a Martínez que la fiscal a cargo de investigar el supuesto plagio del expresidente Rafael Correa se mostró “displicente”. Además asegura: “Pretendió mofarse cuando me identifiqué que era abogado de la Presidencia y con cierto sarcasmo ofendió la magistratura del señor Presidente. Cuando le requerí el expediente me dijo: ‘¿Y de quién se trata esta investigación? Ah de Rafael Vicente Correa. Ante eso respondí: sí, del señor Presidente”. Luego dice:“Una vez que se dio cuenta de mi posición, al requerirle el expediente cedió. Pero ella no es la persona correcta para esta investigación”. Entonces, sugiere hablar con el Fiscal General para que algún asesor de esa entidad tome el caso y recomienda “hacer un seguimiento con la gente del Ministerio del Interior y de Secretaría de Transparencia para que se sienta la presencia”. Otra causa que aparece en los correos de Martínez y de Terán es la denominada Central de Radio Patrulla.

Este era un juicio de sedición contra 13 policías, quienes supuestamente habían usado sus radios para llamar a la insurrección. Sobre este juicio, un abogado le cuenta a Martínez que la Judicatura ya suspendió a una jueza que llevaba el caso y que ahora “se estudia la posibilidad de que otro Tribunal sea el que conozca y resuelva la audiencia de juzgamiento”. Finalmente fueron condenados nueve agentes policiales. A las oficinas externas de la Presidencia también llegaron fallos judiciales antes de que estos sean notificados a la defensa de los procesados.

Eso ocurrió, por ejemplo, con el caso de Geovanny Chancusig, un policía señalado, porque aparentemente intentó quitar la máscara antigás a Correa en el Regimiento Quito N.- 1. En un correo del 7 de agosto del 2012, un abogado le envía a Terán una copia de la resolución dictada por un conjuez de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. “La copia no se encuentra con firma, toda vez que recién por la tarde se va a notificar a los casilleros de las partes procesales”, le advierte. Lo mismo ocurrió con el expediente de Fidel Araujo. El 28 de agosto del 2012, Martínez recibió un correo en el que informan que “por gestiones realizadas en la Secretaría (de la Corte Provincial de Pichincha) hoy se nos ha confirmado que se despachará este último pedido negándole por improcedente”. Se refieren a una acción extraordinaria de protección pedida por Araujo y que, efectivamente, fue rechazada. En el caso de Juan Pablo Bolaños, un estudiante de 24 años muerto durante la revuelta policial, pasó algo similar. En un correo del 16 de marzo del 2014 se informa que ya se realizó la audiencia de apelación en la Corte y que “extraprocesalmente se conoce que se le niega (la apelación pedida por un policía procesado)”. Un mes después, la sentencia fue notificada tal como se anticipó a la Presidencia. Ayer 31 de julio, la Fiscalía ordenó una inspección de esas oficinas externas de la Presidencia.

FUENTE: EL COMERCIO

R.A