2.500 personas abandonaron zona minera durante 2 días de operativo.
Restos de comida, ropa en bolsas, camas destendidas, cajas de medicamentos, biberones a medio llenar, juguetes, billetes de 100 bolívares, pasaportes venezolanos fueron, entre otros, los objetos que quedaron abandonados en los “cambuches” (pequeñas viviendas de plástico y madera con techos de zinc).
Esto luego de que el martes pasado empezara el retiro de pobladores del sector La Vicera, último lugar al que llegaban los transportes que llevaban mano de obra, comida e insumos para ser usados en las actividades de minería ilegal que se asentó en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí (Imbabura).
Desde el lunes pasado en la zona rige el estado de excepción que ha incluido el desalojo voluntario de quienes vivían en los alrededores de las cuatro minas que están siendo explotadas: Mina Vieja, Mina Nueva, Los Olivos y El Dorado.
Según el coronel José Vargas, vocero de la Policía Nacional, hasta la mañana de ayer habían salido de la zona minera más de 1.000 ciudadanos de nacionalidad venezolana, colombiana, peruana y ecuatorianos de casi todas las provincias.
María Paula Romo, ministra del Interior, quien accedió a la denominada Ciudad de Plástico y recorrió procesadoras de oro que se están desmantelando, estimaba que entre el martes y ayer pudieron haber salido incluso por la zona montañosa, no solo pasando por los controles militares y policiales, más de 2.500 personas.
El operativo policial y militar se denomina Nuevo Amanecer y suma 2.400 hombres. A quienes dejaron ayer la zona les fue requisado todo objeto de trabajo (taladros, plantas de energía…) y machetes o cuchillos.
Quienes trabajaban en actividades de servicio (tiendas, restaurantes, cabarés, centrales de wifi, entre otras) seguían bajando por una enlodada vía, en medio de una constante llovizna y con colchones y televisores en la espalda.
Luego debían pasar varios controles para garantizar que no sacaran material con oro o maquinaria que sirvió para la explotación. Debían presentar sus documentos.
Dejaron covachas de plástico y de madera, camas cuyos colchones era de sogas, huecos improvisados como retretes.
Sergio Quiñónez, quien había llegado de San Lorenzo (Esmeraldas) hace tres meses, señalaba estar de acuerdo con que el Estado tome el control de las minas, pero pedía que este les provea de fuentes de trabajo. Comentó que llegó a sacar más de 300 sacos de material y que este mes esperaba procesarlo.
Esto último no pudo hacerlo. El material le fue incautado.
Quiñónez lamentó haber invertido más de $ 5.000 en el pago de la mina y compra de dos plantas de energía, taladros y otras herramientas.
En la parte alta, la Policía ya ha desarmado la mayoría de los sistemas de poleas que llevaban desde alimentos hasta personas a las minas. Unos pocos de esos sistemas se mantienen para retirar las máquinas decomisadas y que son parte de la cadena de custodia de una investigación fiscal que va tomando fuerza.
Las conocidas chancheras o chancadoras, máquinas artesanales que servían para moler y luego separar el oro mediante un proceso químico, también eran desmontadas.
La ministra Romo incluso pudo observar en esos lugares de procesamiento varias piscinas con una mezcla de cianuro y mercurio usados para obtener el tan buscado oro.
Autoridades policiales indicaron que lo que se busca es cortar todo sistema que haya servido para realizar y mantener la ilegal tarea y así obligar a que los mineros y la gente que les brinda algún tipo de servicio desocupen el área.
Romo señaló que una vez que se ha tomado el control de las vías de acceso, la gente dejaría la zona por voluntad o por necesidad.
Felipe e Isabel, quienes prefirieron no decir sus apellidos, eran dos moradores que nacieron en Buenos Aires y viven desde hace años en El Triunfo, ahora conocido como La Vicera por los mineros. Dijeron estar de acuerdo con que salga toda la gente que llegó en los últimos dos años con la minería.
Para estos habitantes, en un inicio la explotación minera hizo que consiguieran un sueldo diario de $ 60 y $ 70, en una zona que, indicaron, no se podía conseguir ni $ 10 al día.
Ahora tienen una visión distinta. Sostienen que en dos años lo que más se hizo común fueron las amenazas, la violencia e incluso el tener que pagar $ 2 por persona por solo pasar por una vía pública para ir hasta sus casas.
Ministra anuncia intervención integral en Buenos Aires
María Paula Romo, ministra del Interior, no solo fue recibida por personal de la Policía Nacional, sino también por pobladores y mineros desalojados. Ella les contestó a estos que primero se reuniría con las autoridades del Puesto de Mando Unificado de la parroquia La Merced de Buenos Aires y que luego se les convocará para dialogar.
“Vamos a permanecer en la zona el tiempo que sea suficiente para que todas las actividades ilegales que se estaban dando aquí se terminen”, expuso Romo.
La ministra señaló que el Gobierno intervendrá de manera integral la zona y sostuvo que ya tendrían planificados proyectos de desarrollo para que otras actividades legales puedan convocar a la gente de la zona.
FUENTE: EL UNIVERSO
R.A