Rafael Correa señalado como responsable penal por mal manejo de la deuda pública, según Contraloría
El expresidente de la República Rafael Correa, sus ministros de Finanzas, subsecretarios de Financiamiento Público, director nacional de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento público y el coordinador general jurídico del Ministerio fueron señalados con responsabilidad penal dentro de la auditoría de la deuda interna y externa que realizó la Contraloría General del Estado durante nueve meses.
La responsabilidad penal en los informes indica que se habrían cometido delitos que serían castigados con cárcel, y que ahora deben ser determinados por la Fiscalía del Estado.
El contralor (s) Pablo Celi, dio a conocer este lunes los principales hallazgos, las recomendaciones de obligatorio cumplimiento y las responsabilidades penales y administrativas derivadas de dichos descubrimientos.
Los hallazgos tienen que ver con cinco aspectos básicos irregulares: el cambio de normativa para permitir un endeudamiento discrecional; la emisión de resoluciones ministeriales que permitieron el secretismo de la deuda. Adicionalmente, la emisión del Decreto 1218 que cambió la manera de cálculo de la relación deuda PIB, así como el no haber incluido las preventas petroleras como parte del endeudamiento pese a que se pagó con intereses e inclusive no solo con petróleo, sino con dinero del fisco. Finalmente, se ha encontrado irregularidades en un convenio suscrito entre Petroecuador y el Ministerio de Finanzas por el cual la empresa petrolera gestionó créditos para el Gobierno.
Las responsabilidades penales fueron establecidas con relación a la firma del Decreto 1218 del 20 de octubre de 2016 firmado por Rafael Correa. A través de este decreto se cambió la metodología del cálculo de la relación deuda PIB, no previsto en la ley, lo que posibilitó aprobar nueva deuda sin la aprobación de la Asamblea y sin el plan de fortalecimiento y planificación que ordenaba la ley una vez que se hubiese excedido el 40% del techo de la deuda. Con el decreto, en la práctica se excluyó a la deuda del IESS y otras entidades públicas que sumaban alrededor de $ 11.000 millones.
En este sentido, también se presentaron cinco recomendaciones de obligatorio cumplimiento, entre las cuales se establece preparar un proyecto para la derogatoria del Decreto 1218; realizar una reforma al Código de Planificación y Finanzas, con el cual se establezcan controles y transparencia integrales, eliminar las resoluciones que declaraban el secretismo de los convenios incluso hasta terminar el pago de los créditos; incorporar los valores de preventas a la estadística de deuda; dejar insubsistente el convenio interinstitucional entre Petroecuador y Finanzas, y firmar otro para la restitución de los recursos.
León Roldós, miembro de la veeduría ciudadana que acompañó la realización de la auditoría, aclaró que este informe es de autoría de la Contraloría y felicitó el trabajo. Aseguró que la veeduría, conformada por doce personalidades del ámbito económico, jurídico y empresarial, apoyó con puntos de vista y discusiones conceptuales. Hizo notar que de acuerdo con la Constitución, en materia de deuda pública la norma constitucional dice que no hay ni prescripción ni caducidad. Explicó que no hay posibilidad de alegar prescripción para las responsabilidades civiles y administrativas establecidas. En cuanto a los indicios de responsabilidad penal, explicó que tampoco hay prescripción por este tipo de delitos, como es el caso de peculado.
Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el informe representa “un baño de verdad que el país estaba necesitando”. Ve positivo sincerar las cifras, al incluir en la deuda temas como las preventas petroleras y la consecuencia lógica de esto será que Finanzas deba presentar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía.
Sobre este tema, la ministra de Economía, quien debe ejecutar las recomendaciones de Contraloría, ha dicho que las preventas no son deuda.
Fuente: Diario El Universo