Consulta popular revive el debate sobre minería
Mediante resolución, el Concejo Cantonal aprobó ayer enviar al presidente Lenín Moreno una solicitud para que en la consulta popular, propuesta por el actual régimen, se incluya una pregunta sobre la suspensión de la minería en ecosistemas andinos en Cuenca y en el país.
La resolución fue aprobada por unanimidad después de un debate que duró aproximadamente tres horas, en el que los concejales escucharon a activistas por el agua y a colectivos que presentaron argumentos contra la minería.
Los ediles coincidieron en que es potestad de la población decidir si quiere o no la minería en los páramos, a través de una decisión informada, por lo que votaron a favor de enviar la pregunta al ejecutivo.
Posiciones
Los representantes del Cabildo por el Agua sostienen que tienen razones suficientes como para asegurar que la actividad minera puede afectar las fuentes hídricas que nutren de agua potable a Cuenca. Así lo sostuvo Margarita Arias, representante del colectivo.
Esto es refutado por Julio Castro, uno de los estudiantes de ingeniería en Minas que recorre los proyectos mineros Loma Larga y Río Blanco, como parte del trabajo que ejecutan las universidades locales para dar un criterio imparcial a la ciudadanía sobre la minería metálica en el Azuay.
La posición también es rechazada por un grupo de comuneros de Cochapamba y Río Blanco. Humberto Ochoa dirigente de una de las comunidades, asegura que las empresas mineras les han brindado ayuda social y trabajo. “Si quieren que la minería se vaya, entonces que nos den trabajo digno a todos nosotros primero”, exige.
Proyectos
El proyecto Loma Larga se encuentra en fase de exploración avanzada, según el Ministerio de Minas, cuyo principal, Xavier Córdova, explicó que por ahora no habrá intervenciones mayores en el sector. Su proyección es de 27 años.
El proyecto Río Blanco está en fase de explotación y se calcula que tendrá una duración de 11 años, con una producción estimada de 800 toneladas por día. En el sitio ya se trabaja en la apertura de bocaminas, pero existe resistencia por parte de un grupo de comuneros.
Julio Castro, quien cursa el quinto año de Ingeniería en Minas en la Universidad del Azuay, asegura que en todas las visitas efectuadas a los proyectos se ha constatado, al menos por ahora, que se cumplen los parámetros de responsabilidad social y ambiental.
“La minería con la que se compara a estos proyectos, la que se da en Nambija o en Zaruma, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en el Azuay. Aquí hay una minería técnica y que cumple estándares que nos demuestran que se están haciendo bien las cosas”, asegura.
Tanto Castro como parte de los comuneros de Cochapamba y Río Blanco piden que la actividad no se frene sin argumentos técnicos, ambientales y jurídicos que respalden dicha decisión.
Fuente: Diario El Tiempo