Caminosca y firmas de papel, en el expediente de Ricardo Rivera
Un arbitraje internacional sobre la compra de la firma ecuatoriana Caminosca, registros de viajes, transacciones de empresas de papel, supuestos pagos injustificados y una teleraña de empresas de pantalla son parte del expediente en el que la Fiscalía acusa a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, de asociación ilícita en operaciones relacionadas con la constructora Odebrecht. Rivera, de 68 años, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Una vez que el juez Fernando Freire ordenó que se levantara la reserva sobre el proceso, EL UNIVERSO revisó los 48 cuerpos, con más de 4.850 fojas, de las indagaciones realizadas por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, a cargo de la fiscal Diana Salazar.
En esa documentación se revela que, el 22 de junio pasado, la Unidad de Investigaciones de la Policía remitió un informe con el ranking de proveedores de Odebrecht, en el que se incluyen Transpyase S.A. y Serviciconty S.A., como empresas de “fachada”; además de Diacelec y Equitransa, cuyas oficinas fueron allanadas durante el mes pasado.
Con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se establecieron varias inconsistencias. Por ejemplo, señala el expediente, Diacelec hizo ventas a Odebrecht por $ 58’845.659, cuando el monto reportado no superaba los $ 52 millones, o que entre 2013 y 2016 recibió transferencias por $ 6’556.380 y realizó pagos por $ 25’901.663.
Uno de los acreedores de Diacelec, Carlos V., tuvo ingresos por $ 278.801, aunque el Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas registró $ 60.182. Según las investigaciones fiscales, se trataría de una “actividad inusual”, derivada de “sus funciones como presidente de la Comisión de Licitaciones de Senagua para favorecer a Odebrecht”.
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Ricardo Rivera consta también como acreedor de Diacelec y, de acuerdo con los documentos, habría “recibido el pago del 1% de todo contrato que suscriba la compañía (Odebrecht) en el Ecuador, tanto contratos principales como complementarios”.
Por esto, la brasileña le habría entregado, entre 2012 y 2013, unos $ 5 millones en transferencias electrónicas, y $ 8 millones en efectivo, a través de empresas ecuatorianas, como Diacelec, que a su vez habrían recibido dinero de otras firmas extranjeras.
Equitransa, creada en Panamá el 29 de enero de 2010 y cuyo director es Kleper V., vendió a Odebrecht $ 31’949.252, pero la UAF calculó ingresos solo por $ 27’020.806.
Con respecto a la información revelada, Ivonne Núñez, abogada de Rivera, señaló que el levantamiento de la reserva más bien le permitirá demostrar que su cliente es inocente y que la Fiscalía no tiene pruebas sólidas como para inculparlo.
El expediente describe que otro presunto beneficiado por supuestos sobornos sería José T., quien “frecuentaba las oficinas de Equitransa y era un intermediario para que funcionarios obtengan pagos por contratos”. En los papeles se indica que sus ingresos entre 2012 y 2016 habían ascendido a $ 1’396.928, aunque la UAF registró solo $ 228.253.
En el proceso, además, se menciona a Oil Depot y a Petroleum Contracting y Asociados como empresas de papel vinculadas al proyecto de Gas Licuado Monteverde.
Según los informes, en los allanamientos se encontró “dinero en efectivo” e información relacionada con Odebrecht en lugares en donde habría motivo para que se esté, como en Televisión Satelital, canal de propiedad de Rivera.
El tío del vicepresidente Jorge Glas, hizo al menos 90 viajes en 2016, según el reporte migratorio que consta en el proceso. Sus principales destinos: Brasil, Estados Unidos, España, Panamá, Chile y China.
Más hallazgos
En el expediente está incluido el informe del Centro de Arbitraje de Florida contra Caminosca, propiedad de la multinacional australiana Cardno. Esta última inició un proceso arbitral porque detectó presuntos pagos indebidos a funcionarios para que Caminosca se beneficie de contratos de consultoría y fiscalización relacionados con los proyectos hidroeléctricos Sopladora y Toachi-Pilatón, así como en Minas San Francisco y Petroamazonas.
En el laudo se indican los nombres de cuatro exfuncionarios de la Corporación Eléctrica (Celec), del exministro de Electricidad y hoy asambleísta de AP, Esteban Albornoz, y del vicepresidente Glas.
A partir del cuerpo 24 se recogen cientos de copias certificadas de movimientos bancarios, por ejemplo, de Gustavo M. y de Kleber V. Entre las últimas diligencias, la fiscal solicitó los movimientos bancarios de Rivera.
Investigación en Brasil
En los cuerpos no se detalla información del Ministerio Público Federal del Brasil como parte del acuerdo de ‘leniencia’ (colaboración eficaz) que se firmó en diciembre del 2016. Solo se usan como evidencia los reportes del SRI y la UAF.
Sin embargo, la Fiscalía siguió, a través de asistencias penales, el rastro de varias empresas, cuya información societaria y bancaria reposa en entidades financieras de once países.
En las asistencias penales solicitadas a mediados de junio, la Fiscalía plantea la presunción de un “delito de delincuencia organizada”, por el que, de ser encontrados culpables, los implicados podrían guardar prisión hasta por diez años.
A México le solicitó que Stockwell Corporation dé los nombres de los beneficiarios de transferencias cuyo ordenante habría sido Klienfeld Services.
Para los fiscales de Lava Jato, el mayor caso de corrupción en Brasil, y varios delatores de Odebrecht, Klienfeld Services Ltd. era una offshore constituida en Antigua y Barbuda usada para pagar sobornos.
La Fiscalía ecuatoriana también solicitó datos de transferencias recibidas por Klienfeld Services, del 1 de marzo al 3 de septiembre de 2014, para Gustavo M. y Emalcorp.
En la lista de pedidos están las operaciones y beneficiarios en J&J Bank and Trust Inc o del Sai Bank de Curazao, que habría sido utilizado para pagar coimas a diferentes personas.
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A Bahamas, la Fiscalía le pidió información de Dramiston Limited; a Barbados, de dos cuentas bancarias de Core Holdings, Veolia Trusp y Evertech Engineering and Technology. Con respecto de esta, también le pidió a Holanda reportes sobre las sucursales de la compañía en Latinoamérica.
A Panamá le envió una ampliación de la asistencia penal. A Suiza le requirió información de Fernhead Holding, que constaría en una agencia del Credit Suisse. A las Antillas Holandesas, datos de Stockwell Corporation, Alesbury Investment y Belvedear Worldwide Company.
A Austria y a Uruguay les solicitó que el Bank Winter&CO. Anktiengesellshaft señale el nombre del representante de una cuenta de Cilgory S.A. A las Islas Marshall, la información de la empresa Glory International Industry.
El expediente de Rivera reposa en el piso 7 del edificio de la Fiscalía, donde funciona la Unidad de Flagrancia. (I)
Investigación
Asociación ilícita
Reserva levantada
El proceso fue declarado reservado por el juez Patricio Baños, pero Ricardo Rivera apeló para que sea público. El pedido lo acogió el magistrado de la Unidad Judicial Penal, Fernando Freire, este 7 de julio amparándose en el artículo 13 del Código de la Función Judicial, sobre el ‘principio de publicidad’, que reseña que todas las diligencias judiciales serán públicas, salvo casos en que la ley prescriba la reserva.
Revisión con vigilancia
Los cuerpos están en dos cajas en una oficina de la Unidad de Flagrancia de Pichincha. A este Diario no se le permitió sacar copias, solo leer y tomar nota a mano, bajo vigilancia del personal.
Fuente: Diario El Universo