Ley de Comunicación en Ecuador cumple 4 años
La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) de Ecuador cumple cuatro años en vigor, matizada por la polémica entre los que la defienden como una necesidad para regular los contenidos de la información y quienes la rechazan por considerarla un atentado a la libertad de prensa.
El expresidente del país Rafael Correa (2007-2017) impulsó la normativa bajo el argumento de que se necesitaba una ley que regulara lo que él calificaba de “abusos” de una prensa que había estado dominada por las oligarquías tradicionales y el capital.
Una de sus mayores denuncias tuvo que ver con una información del canal Teleamazonas que aseguró en 2009 que una operación de la petrolera venezolana Pdvsa en la Isla Puná, en el golfo de Guayaquil, afectaba las actividades de pesca en la zona.
Según Correa, fue una clara muestra de “desinformación y manipulación” y un “invento” del canal para desprestigiar a su gobierno, que había establecido la alianza con Pdvsa.
La programación de Teleamazonas fue entonces suspendida por tres días por este caso que, para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) alteró el orden público, ya que los habitantes de Puná incluso se apoderaron momentáneamente de un taladro de Pdvsa para protestar contra la supuesta suspensión de las actividades pesqueras.
A raíz de ese y otros casos, en junio de 2013 entró en vigor la polémica LOC, lo que generó en la oposición un llamamiento a cerrar filas contra la que consideraban una “Ley mordaza”.
Y es que desde que entró en vigor, los críticos también advierten de los “abusos” que las autoridades de control de la comunicación han cometido supuestamente contra los medios amparándose en la ley.
Uno de los últimos casos ocurrió en marzo cuando la Supercom multó al diario Extra con el 10 por ciento de su facturación promedio de los últimos tres meses (153.000 dólares, según el propio medio), por incumplir con la norma que obliga a la difusión del 5 por ciento de contenidos interculturales en las ediciones diarias.
La Supercom determinó que en la edición del 2 de marzo de 2017 el periódico publicó solo un 3,57 por ciento de ese contenido.
En una jornada de debate el jueves la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el editor de Extra, Juan Manuel Yépez, resaltó que la Supercom es la única entidad que acusa y juzga a la vez, es decir, es juez y parte, informa un comunicado del observatorio andino de medios “Fundamedios”.
Ante las persistentes quejas y la posibilidad de un daño irreversible a la libertad de expresión, Lenín Moreno, quien asumió el poder el pasado 24 de mayo de manos de su correligionario Correa, se ha mostrado abierto a enmendar la Ley.
“Cambiaremos, o la forma de ponerla en práctica o definitivamente, si es necesario, la ley misma”, afirmó Moreno días antes de asumir el mando del país, en el marco de un llamamiento suyo al diálogo nacional con todos los sectores de la sociedad.
Y es que desde 2013 hasta el mes pasado, el Gobierno había emitido 675 sanciones a medios de comunicación locales, lo que le había supuesto una recaudación de multas por unos 754.000 dólares.
Según un informe de la Intendencia Nacional de Procesos y Sanciones y la Dirección Nacional Financiera de la Supercom, con corte al 31 de mayo pasado, a nivel nacional se han establecido 1.083 procedimientos administrativos, de los que 266 se han archivado, 108 absuelto y 32 continúan en trámite.
De las sanciones emitidas, 185 corresponden a medios impresos, 57 a radio y 68 a televisión, según un informe de la Supercom proporcionado a Efe.
En él se indica que entre las infracciones sancionadas y establecidas en la LOC figuran algunas relacionadas con la clasificación de las audiencias y las franjas horarias establecidas para los estratos de edad.
Asimismo, infracciones por código deontológicos, por el derecho a la comunicación intercultural, por discriminación, por el derecho a la réplica, a la prohibición de la censura previa, al derecho a la rectificación, al llamado “linchamiento mediático” y a la entrega de copias informativas requeridas por usuarios perjudicados.
Fuente: Diario El Mercurio