La larga sombra de Odebrecht en Ecuador
La empresa ha operado en el país durante 30 años en contratos con siete gobiernos. Al menos 18 políticos y funcionarios aparecen como ‘sobornados’ en su contabilidad secreta. También la financiación de una campaña está en la lista
La controvertida constructora brasileña ideó una fórmula de negocio y contabilidad que más tarde resultó letal. Odebrecht no solo sobornó a políticos, funcionarios y abogados durante años para lograr contratos, sino que además otorgó a las coimas un carácter orgánico y corporativo. Las consecuencias de operar con una ‘Caja B’, pero con registro documental contable, saturan los juzgados y remueven la política por la escandalosa corrupción de cientos de figuras destacadas en las esferas de poder en 12 naciones, entre ellas Ecuador.
Odebrecht ha manejado aquí operaciones por, al menos, $ 5.135 millones en continuadas contrataciones con siete de los diez últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. Quedaron al margen de la multinacional brasileña los mandatos de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.
Dieciocho personajes afloran por el momento en los papeles de la corrupción de Odebrecht dentro de la interminable lista de protagonistas que han desfilado por los siete gobiernos ecuatorianos relacionados con la compañía. Se identifican por seudónimos, según una investigación de EXPRESO aún en desarrollo, sobre un centenar de páginas con apuntes a mano que pertenecen a la ‘Caja B’ de la constructora brasileña. En la documentación que maneja este periódico figura también el pago a una campaña, sin que hasta el momento haya podido determinarse cuál, y un listado de más de 500 beneficiarios que incluye los 18 señalados en Ecuador. El resto son de Brasil y Perú.
‘Secreto 1’, ‘Secreto 2’, ‘Grosso’, ‘Matraca’, ‘Banco’, ‘Nipón’, ‘Luzes’, ‘Chanceller’… son algunos de los sobrenombres usados como clave en las comprometidas listas para registrar el pago de sobornos. Estos apodos de políticos, funcionarios y abogados fueron escogidos en secreto por empleados de confianza de Odebrecht según los rasgos físicos, de personalidad o el perfil profesional de los sobornados.
La singular contabilidad paralela de Odebrecht está construida sobre claves secretas y eufemismos. La empresa creó esta ‘Caja B’ a finales de los 80 con el nombre de ‘Sector de relaciones estratégicas’, una identificación de apariencia legal para disimular la maraña de coimas en los registros paralelos que cada cierto tiempo debían de ser incinerados.
Pero no todo fue destruido. O casi nada. Concepción Andrade, entonces veinteañera y funcionaria de Odebrecht, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación Lava Jato, cuyos representantes confirmaron a EXPRESO la autenticidad de la documentación que maneja en su investigación. Y que hoy saca, por primera vez, a la luz.
La densa maraña de tentáculos que derivó de Lava Jato alcanza a Ecuador en la dimensión de 30 años. El rastro documental que dejó Odebrecht en el país comienza con el Trasvase de Santa Elena, obra de 1987, y concluye en los últimos proyectos de la Revolución Ciudadana. Los seis primeros gobiernos de la lista de siete, desde el socialcristiano hasta el de Alfredo Palacio, adjudicaron a la constructora brasileña siete contratos por valor de 1.357 millones de dólares. Si bien el de la Revolución Ciudadana, el último, frenó finalmente las operaciones con Odebrecht tras los escándalos, ha sido el Gobierno de mayor relación con la constructora: ocho adjudicaciones de obra que suman 1.638 millones de dólares más en contratos que sus seis antecesores juntos.
“Los que constan en el listado recibían sobornos de Odebrecht”, afirma Concepción Andrade a EXPRESO en referencia a los 18 ecuatorianos que, de momento, asoman en el centenar de documentos mecanografiados que reposan en la Justicia brasileña bajo el epígrafe ‘Relación de socios’. Bajo su declaración tajante a este Diario descarta que se trate de donaciones legales. Ella registraba los apuntes de desvíos y porcentajes de coimas que, asegura, “eran del 2 al 5 % del valor de la obra”.
De la documentación examinada por este periódico se desprende el modus operandi en el departamento de sobornos de la constructora brasileña. El mecanismo funcionaba por dos vías. La primera: en los vales de caja que describen envío a cuentas bancarias de Guayaquil y Miami, se detallaba el pago como “gastos de representación”. Hay montos onerosos dirigidos a la filial de Odebrecht en Ecuador. La segunda: en hojas separadas y con apuntes a mano. En la documentación que conservó Concepción Andrade se puede leer, sin que nunca figuren las palabras coima o soborno, apuntes como este: “Equador, 800.000. Manutenção”.
“La compañía en Ecuador recibía el depósito y lo pagaba en efectivo a los implicados. Ellos exigían el pago en dólares y definían la hora y el lugar para cobrarlo”, revela Andrade. Por su parte, la representante de la empresa en Ecuador no contestó al pedido de información de este Diario.
Los alcances por los hábitos de Odebrecht, en la práctica cerrados en Brasil, son incipientes aún en los países latinoamericanos que contaminó la compañía. Las indagaciones emprendidas en Ecuador lucen hiperactivas, pero hasta ahora sin rendimiento. De los círculos sociales relevantes emana la sensación de pillaje continuado contra el país y de un silencio sospechoso para desestimular resultados hasta las últimas consecuencias.
Fuente: Diario El Expreso