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Casas de la Av. Ordóñez Lasso serán demolidas

El Concejo Cantonal resolvió ayer dar paso a la demolición de 11 casas ubicadas en la avenida Ordóñez Lasso, que datan de los años 50 y que, según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultura, INPC, “no tienen declaratoria mediante acuerdo ministerial como bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado”.

Estas viviendas, consideradas como bienes inventariados pertenecientes al patrimonio de la ciudad por la Municipalidad, obstaculizan la ampliación de la avenida Ordóñez Lasso entre la calle Dulcamara y el ingreso al barrio La Libertad, obra a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, MTOP.
El ministro de Obras Públicas subrogante, Gonzalo Cobos, advirtió la semana anterior que, de no darse una oportuna decisión para el derrocamiento de las viviendas, el MTOP dejaría el tramo sin obras y avanzaría con el resto de los trabajos, que, ofreció, estarán listos a fines de este mismo año.

Decisión
El concejal Marco Ávila indicó que ayer se aprobó la replanificación de la avenida Ordóñez Lasso, lo que permite el derrocamiento de las 11 viviendas. En su lugar se construirán aceras y una ciclovía que se veía interrumpida por los bienes.
El Concejo decidió también la conservación de la memoria histórica de la zona a través de la colocación de fotografías de las viviendas y parte de las construcciones en un parque a ser construido en el sector.
También se “hará un recálculo” del valor de las indemnizaciones a pagar a los propietarios de los bienes, algo para lo que, según el concejal Ávila, “ya existe un presupuesto determinado”.
Patrimonio
Mediante oficio, Mónica Quezada, directora regional del INPC, señaló que al no ser bienes catalogados como patrimonio del Estado, compete al Municipio directamente determinar su afectación. El único trámite a seguir es la solicitud del Municipio al Instituto para que retire los bienes del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, SIPCE.
El concejal sostuvo que, previo a la resolución, los ediles hicieron pública su protesta “por todos estos meses que hemos perdido por la falta de análisis”.
Más de ocho meses tardó el gobierno local en tomar la resolución. “Eso no puede pasar, hay que ser consecuentes con la ciudadanía”, dijo el edil.
Por parte del MTOP se indicó que una vez que la resolución sea recibida oficialmente en sus oficinas sus directivos se pronunciarán sobre los plazos y detalles de la intervención en el lugar.

 

Fuente: Diario El Tiempo