Emergencia de tranvía, una bomba de tiempo

La situación es “complicada y puede traer consecuencias gravísimas para la ciudad”, según Jorge Moreno, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.

Ayer los representantes del Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca, CCRC, encargado de la construcción de las obras civiles del tranvía, se reunieron por enésima vez con los técnicos de la Municipalidad sin que hasta el cierre de esta edición se haya firmado un acuerdo para superar las diferencias que llevaron a la suspensión de las obras.
CCRC paralizó los trabajos el 7 de octubre por desacuerdos sobre el pago de obras adicionales. Luego de eso, según el contrato, había 10 días de plazo para llegar a un acuerdo antes de ir a mediación en la Procuraduría General del Estado y después a un arbitraje en Chile.
Mientras tanto, los obreros de la empresa Instal, que asumió los trabajos que dejó CCRC siguen laborando sin que se haya firmado un contrato directo con la Municipalidad y sin que el Concejo se haya reunido para aprobar una reforma al presupuesto que asigne dinero a la obra.
El asesor jurídico del Municipio, Tarquino Orellana argumenta que estos trabajos se van a cobrar a la contratista, algo que según Jorge Moreno “no es jurídicamente viable”, ya que no está previsto en la ley y “lo que no está permitido por ley, está prohibido”.
Según Orellana, la declaratoria de emergencia “le da la cobertura al Municipio” para intervenir de forma directa en las obras.
Pero el decano de Jurisprudencia no ve razones jurídicas para la declaratoria y teme que la empresa contratista impugne la decisión, culpe al Municipio de posibles fallas e inicie un millonario juicio contra la ciudad por daños y perjuicios.
El artículo 6 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que la emergencia se podrá declarar por accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, fuerza mayor o caso fortuito.
El abogado Jorge Morales, docente universitario y exfuncionario de la Contraloría, sostiene que en Cuenca no se han dado estas situaciones y divisa la terminación del contrato como única salida, decisión que, según Jorge Moreno, puede acarrear paralizaciones y retrasos.

Contratos
Según Tarquino Orellana, asesor del gobierno local, ni la empresa, ni la Municipalidad han iniciado un proceso de terminación del contrato, pero si persisten los desacuerdos esta alternativa puede regresar a la mesa de negociaciones.
Orellana explicó que el problema central para el desacuerdo es el pago de los 138 rubros nuevos generados para la obra, sobre los cuales no existen los precios unitarios definidos. “Hay una documentación que ha presentado la contratista, la Municipalidad en tanto tiene sus propios precios”, indicó.
Moreno explica que si esos pagos no se concretan, la terminación unilateral y adelantada del contrato, opción legal que permitiría al Municipio asumir las obras de manera definitiva, corre el riesgo de ser impugnada y derivar en un juicio por daños y perjuicios planteado por CCRC que puede llegar a valores extraordinarios.
Incluso en el caso de que se llegue a una terminación del contrato por mutuo acuerdo “hay que pensar en si la Municipalidad tiene los obreros y maquinaria suficiente para dedicarlos a la obras, o si da paso a un nuevo proceso de contratación que puede llevar quizás unos seis meses más”, dijo Moreno.
Pese a lo complicado de la situación, los tres juristas sostienen que en el embrollo legal deben primar los intereses de la ciudadanía. “La ciudad tiene un interés fundamental, que es sacar adelante el proyecto, y todos debemos sumarnos a ese objetivo”, dijo Orellana. (JPM) (I)

Responsabilidades

Para Tarquino Orellana, las culpas de los problemas que tiene el tranvía “deben ventilarse por cuerda separada”, por la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.

Jorge Moreno indica que si se establece un mal manejo de fondos públicos, esto puede ser una causal para exigir incluso la destitución del Alcalde, “pero no creo que sea ese el mecanismo idóneo”.

El decano señala que es irresponsable determinar culpables, ya que “hay tantas cosas que desconocemos”. Orellana comenta que habrá que esperar que, “lo que podríamos llamar los ‘Tranvía Papers’, puedan ser esclarecidos”.