Abdalá Bucaram planteó demanda en Washington

“La guerra del pueblo” para “castigar a los golpistas de 1997”. Con ese objetivo Abdalá Bucaram Ortiz viajó de Panamá a Estados Unidos, ya no para realizarse chequeos médicos a su corazón sino para presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano por su destitución como presidente y pedir una reparación de $ 200 millones.

Lo hizo 18 años después de que el Congreso de entonces lo declarara incapacitado para gobernar, y con dos hechos que sirven de antecedentes.

El exmandatario desistió de una acción extraordinaria de protección para que los autos de llamamiento a juicio de los casos Mochila Escolar y gastos reservados se ejecutoríen y así acudir a cortes internacionales, dice su abogado Luigi García.

Y ahora que el Estado tramita aplicar el derecho a repetición de los exdiputados que cesaron a magistrados años anteriores para que cubran el monto de las indemnizaciones pagadas pues hace dos años y medios la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) aceptó el reclamo. “… Les han dado la razón y el Estado les ha pagado $ 15 millones, por supuesto que yo vengo acá”, dice Bucaram.

La demanda busca que esa misma instancia reconozca que en su contra hubo vulneración de derechos, estado de indefensión e incluso xenofobia por su ascendencia libanesa.

“En una conjura de Fuerzas Armadas, poder judicial y poder congresil se me destituyó de la Presidencia el 7 de febrero de 1997 sin llamarme a juicio político previo (…). Con una simple mayoría de diputados (44) me declararon loco y nombraron presidente interino, figura que no contemplada en la Constitución (…). Sin autorización del Congreso se me inician dos juicios. Lo gracioso es que me declaran loco para robarme el poder, pero no loco para enjuiciarme”, menciona Bucaram en el texto que presentó en Washington, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego dijo a la cadena NTN24 que su ausencia ha sido utilizada políticamente y lanzó denuncias contra el Gobierno.

De Ecuador viajaron amigos como Alfredo Adum, Eduardo Azar y el exdiputado roldosista Omar Quintana, quien consta entre quienes identificó la Asamblea para aplicar la repetición por cesar a la Corte en el 2004. Su presencia allá es por “el grado de amistad con Bucaram”, sostiene García.

Pero es el mismo proceso que se espera: Que el Estado indemnice al expresidente y que cobre ese valor a “los 44 psiquiatras, diputados”, que lo destituyeron y a “todos los funcionarios que intervinieron en ese entonces”, agrega García. (I)

Fuente: eluniverso.com