Ecuatorianos confían en que Justicia brasileña apoye su causa contra Chevron
Los demandantes en un proceso medioambiental en Ecuador contra Chevron dijeron que confían en que la Justicia brasileña los apoyará en su aspiración de que los bienes de la petrolera en Brasil sean embargados, pese a que el Ministerio Público ya dio un parecer contrario.
“Confiamos en la Justicia brasileña. El tribunal de Brasil tiene la oportunidad de mostrar que es competente, transparente e imparcial”, afirmó el abogado Pablo Fajardo, que representa a los demandantes ecuatorianos desde 2003 e inició hoy en Río de Janeiro una gira para buscar apoyos a su causa en Brasil.
Los demandantes, en su mayoría comunidades indígenas amazónicas, presentaron hace tres años una demanda ante tribunales brasileños para intentar embargar los bienes de Chevron en Brasil y estos sean usados para pagar la indemnización a la que fue condenada en Ecuador por daños ambientales en el país andino.
La Justicia ecuatoriana condenó a la petrolera a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales y sociales originados por las operaciones de Texaco (luego comprada por Chevron) en la Amazonía de Ecuador entre 1962 y 1990.
Chevron, que ya no tiene activos en Ecuador que puedan ser embargados, se niega a cumplir la sentencia por considerar que fue producto de una trama en su contra y ha acusado al Estado ecuatoriano de estar detrás de esa supuesta conspiración.
Los demandantes optaron por abrir procesos en Canadá, Argentina y Brasil, en donde Chevron tiene operaciones, para intentar embargar los bienes de la compañía y garantizar la ejecución de la sentencia.
“Escogimos éstos países debido a que Chevron opera en los tres y a que son signatarios de una convención interamericana que obliga a sus sistemas judiciales a homologar sentencias de otros países de América”, explicó Fajardo.
El proceso en Brasil sufrió un traspiés en mayo pasado cuando el Ministerio Público, en un dictamen consultivo, recomendó que el Tribunal Superior de Justicia no reconozca la decisión ecuatoriana, por tratarse, alegó, de una sentencia “dictada de manera irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción”.
Según Fajardo, el parecer del Ministerio Público se basó en una decisión de una corte de Estados Unidos que el año pasado puso en entredicho la sentencia por considerarla producto de un fraude.
“Nosotros ya presentamos ante segunda instancia un recurso contra esa sentencia en Estados Unidos y presentamos documentos que demuestran que esa decisión fue basada en el testimonio de un exjuez ecuatoriano que recibió sobornos de Chevron”, afirmó.
El abogado ecuatoriano agregó que esa documentación también fue presentada a la Justicia brasileña para intentar revertir el parecer contrario del Ministerio Público.
“Ese parecer no es vinculante. Los quince jueces del Tribunal Superior de Justicia de Brasil pueden tomar otra decisión y confiamos en su imparcialidad”, dijo.
De acuerdo con Antonia de Araújo, del bufete de abogados que representa a los demandantes en Brasil, el tribunal está listo para iniciar el juicio en cualquier momento y tan sólo falta que sea incluido en la pauta.
“El proceso tiene 25.000 hojas con todas las demostraciones de los daños ambientales causados por Chevron. Esperamos revertir la decisión del Ministerio Público y convencer a los magistrados de la procedencia de la demanda”, aseguró De Araújo, quien destacó que en Brasil existe jurisprudencia de sentencias de otros países homologadas con base en la convención interamericana.
Fajardo recordó que los siete jueces de la corte suprema de Canadá, en una sentencia unánime dictada este mes, concluyeron que la demanda ecuatoriana contra Chevron es admisible en ese país y que el proceso puede ser entablado en cualquier juzgado canadiense.
“No queremos el dinero para beneficiarnos personalmente sino para reparar los daños provocados por Chevron en nuestras tierras y que han dejado al menos dos mil muertos por cáncer”, aseguró el portavoz de la etnia Secoya en el proceso, Humberto Piaguaje, que acompaña a Fajardo en Brasil en la campaña para “montar una red de apoyo” con movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. EFE