Sin acuerdo, tras protesta de parroquias
Las posiciones diferentes impidieron concretar un diálogo entre las autoridades parroquiales y nacionales luego de las protestas que protagonizaron ayer las juntas parroquiales del Azuay, que exigen que el comprobante de la Tasa solidaria siga como requisito para la matriculación vehicular.
La protesta se efectuó en rechazo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, que modificó el manual de requisitos para la matriculación vehicular, que determina no exigir como requisito previo más documentos de los que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esta decisión provocó que el comprobante de pago de la Tasa solidaria creada en el año 2007 por la Cámara Provincial del Azuay pierda vigencia desde el presente año como requisito.
Según los representantes de las juntas parroquiales, con la resolución de la ANT se pierden los recursos que se generan del pago de la Tasa solidaria para el mantenimiento de vías de segundo y tercer orden, considerando que a fines del año pasado la Cámara Provincial del Azuay aprobó un nuevo modelo de gestión vial en el que se delega la responsabilidad a las juntas, por lo que se efectuó un incremento a la tasa.
Cierre de vías
La primera manifestación se efectuó aproximadamente a las 07:00, con el cierre de la vía Cuenca-Dizha-La Unión, en el puente de ingreso a la parroquia Santa Ana. Aquí, pobladores de las parroquias cuencanas de El Valle, Santa Ana, además de San Bartolomé del cantón Sígsig, taponaron la vía con montículos de tierra que interrumpieron el paso vehicular.
Los reclamos también se dieron en el sector de la “Y” de Santa Teresita, en donde habitantes de las parroquias de Cumbe y Tarqui realizaron un platón. Asimismo las protestas se desarrollaron en la Avenida de las Américas, sector de la gasolinera del Sindicato de Choferes, por parte de moradores de las parroquias de Ricaurte, Chiquintad y Sinincay.
En el sector de El Descanso, delegaciones de las comunidades de los cantones de Gualaceo y Paute bloquearon la carretera que lleva al oriente de la provincia.
Lo mismo ocurrió en la vía Girón-Pasaje a la altura del sector Lentag por parte de habitantes de Santa Isabel, y en la carretera que lleva a Loja en las cercanías de la comunidad Shiña, de Nabón, en donde se produjo un fuerte enfrentamiento entre policías y pobladores.
Fausto Tamayo, comandante general de la Policía Nacional, dijo que como resultado de las protestas siete policías resultaron heridos y se detuvo a tres personas.
Emergencia
Alrededor de las 15:00, el gobernador del Azuay, Leonardo Berrezueta acompañó a la ministra de Transportes y Obras Públicas, Paola Carvajal, y a la directora nacional de la ANT, Lorena Bravo para escuchar un manifiesto que acordaron algunos alcaldes, entre ellos Juan Diego Bustos, de Gualaceo, Helioth Trelles, de Paute, además de presidentes de juntas parroquiales afines al Gobierno.
Aquí el Alcalde de Gualaceo hizo público un manifiesto en el que se pidió a la ministra Carvajal la declaratoria de emergencia vial rural y periférica del Azuay por un periodo de 12 meses, conformar el Consorcio del Azuay y la Empresa Pública de Vialidad con la participación de municipios y juntas parroquiales. Además, que disponga al Comité de Cogestión de La Josefina y otras instituciones del sector público que se destine el material pétreo de una segunda fase de estabilización del cerro Tamuga, entre otros requerimientos.
La ministra Carvajal anunció que iba a trabajar en el pedido de declaratoria de emergencia vial para tener una respuesta en los próximos días, mientras que la directora nacional de la ANT dijo que la resolución de no exigir el comprobante de la Tasa solidaria como requisito en la matriculación vehicular sigue en pie.(BPR) (I)
Llamado a movilización
En cambio, a las16:00, se reunieron los representantes de juntas parroquiales con el prefecto Paúl Carrasco y la viceprefecta María Cecilia Alvarado.
En su intervención, René Lucero, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare, filial Azuay, catalogó a la protesta como exitosa, en respuesta al pronunciamiento del gobernador Leonardo Berrezueta de que había sido un fracaso. Dijo que se tomó la decisión de levantar la medida por la invitación a un diálogo por parte del Gobernador y aseguró que no se dio por contradicciones de esa autoridad.
El prefecto Carrasco dijo que si la ministra Carvajal declara la emergencia vial en el Azuay exigirá que se entreguen los 500 millones de dólares que se ofreció en las pasadas elecciones por el movimiento oficialista.
Carrasco dijo que la decisión de la ANT es “dedicada”, porque conoce que en la provincia de Tungurahua se cobra una tasa similar sin ningún problema.
Ambas autoridades anunciaron que se realizará una movilización sin cerrar las puertas a un diálogo.
Fuente: Diario El Tiempo